No emiten gases tóxicos, apenas producen contaminación sonora, y además se pueden recargar en una toma de corriente convencional de tu propia casa. Las motos eléctricas son una de las claves de futuro de la movilidad urbana, inmersa en una transición progresiva e imparable hacia medios de transporte más ecológicos.

La reciente implantación de servicios de coches y motos eléctricos compartidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla ha tenido una acogida inmejorable por parte de los ciudadanos.

Según datos del centro alemán sobre movilidad Innoz (Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen), España es el tercer país de los analizados con mayor número de scooters eléctricas de motosharing. Se calcula que a finales de 2017 en España circulaban ya casi 1.500 unidades, sólo por detrás de Alemania y Francia.

El buen clima y la intensidad del turismo explica que estas cifras se cuadrupliquen cada año; es probable que antes de que finalice el presente ejercicio nuestro país cuente con 10.000 motos de este tipo. Cada una de ellas permite ahorrar hasta 115 toneladas de C02 al año.

Renovación del parque móvil

El siguiente gran reto, alineado con el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la renovación del parque móvil de usuarios privados. Hay que tener en cuenta que la flota de motos en España es una de los más viejas de Europa; siguen rodando muchas unidades anteriores a 1999, año en el que se instauraron las normas Euro en función de la eficiencia de los motores y las emisiones contaminantes.

Para que esta transición sea un éxito existen dos factores decisivos: la reducción del coste de los vehículos eléctricos -ya que, aunque mantenimiento y el consumo de estas motos es inferior, todavía tienen un precio superior al de los medios de transporte convencionales-, y las subvenciones y ventajas fiscales implementadas para incentivar la adquisición de vehículos propulsados por energías alternativas.

Tras el éxito del Plan Movea 2017, el Gobierno ha aprobado la puesta en marcha del Plan Movalt, dotado con 20 millones de euros para la concesión de subvenciones y 15 millones para el desarrollo de infraestructuras de recarga tanto en aparcamientos de acceso público como en la vía pública. El importe de las ayudas varía entre 500 y 18.000 euros, en función de la categoría del vehículo (moto, cuadriciclo, turismo, furgoneta, camión) y la motorización (eléctrico, gas natural, auto gas o pila de combustible).

En este contexto, los fabricantes –especialmente los asiáticos- han entrado en una carrera para desarrollar motocicletas eléctricas cada vez más sencillas, baratas y con mayor autonomía. Suelen funcionar con baterías de litio portátiles que apenas pesan 10 kilogramos y permiten circular a una velocidad máxima de cerca de 50 kilómetros/hora, con una autonomía de 80 a 100 kilómetros.

Unas características muy interesantes para el uso medio que se le da a este tipo de transporte en las ciudades, si bien el precio de una scooter de este tipo puede llegar a los 8.000 euros. En este sentido, la reciente llegada a España de las scooter eléctricas de la casa china NIU, con precios situados entre los 1.500 y los 2.700 euros, puede contribuir a acelerar la transición hacia formas de desplazamientos urbanos menos dependientes de los combustibles fósiles.